Morelia, Mich., 9 de Octubre de 2011.-Ante los retos que son cada vez mayores y las amenazas más evidentes, es indispensable que las instituciones de educación superior se mantengan unidas en la defensa de la universidad pública, laica y gratuita, como mejor mecanismo para alcanzar la paz social y la equidad. Así lo afirmó la secretaria Auxiliar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Rosa María de la Torre Torres, en el Congreso Nacional Educación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Social, que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco.
En este encuentro organizado por el Movimiento Nacional Tecnológico Universitario, al sustentar la conferencia magistral con el tema “ Reflexiones del Principio de Autonomía Universitaria en el Siglo XXI ”, la funcionaria Nicolaita se refirió a los riesgos que enfrentan actualmente las universidades públicas tales como amenazas a su autonomía, y severas dificultades financieras.
Sobre la autonomía universitaria, dijo que “se defiende o muy pronto será letra muerta”; precisó que los casos de asedio y violación de la norma constitucional que la sustenta, en varias universidades del país, son muchos y de diversos tipos, desde la invasión policíaca en recintos universitarios hasta la intromisión en asuntos internos que sólo competen a los universitarios. Provienen de todos los poderes, los legales y los fácticos.
Recordó que la autonomía de las universidades públicas ha sido considerada, desde algunos sectores, incluido el gubernamental, como un problema de la educación superior en México, cuando en realidad “ha servido para resolver problemas no para generarlos, ha permitido avanzar y nunca se ha usado para retroceder”.
De la Torre subrayó que la autonomía permite a las universidades mantener la independencia necesaria frente al gobierno y otros poderes públicos, pero también frente a otros actores, grupos, partidos políticos, iglesias y organizaciones. No obstante, por su misma naturaleza, la autonomía universitaria es frágil y vulnerable.
Indicó que existen situaciones y problemas que afectan a las universidades públicas en el desempeño de sus funciones sustantivas y en el ejercicio pleno de su autonomía. Muchos de ellos tienen que ver, de una manera u otra, con el financiamiento y con la injerencia gubernamental en cuestiones sustantivas.
La secretaria Auxiliar de la UMSNH agregó que en efecto grave que ha ocurrido bajo el predominio de la lógica del mercado ha sido, por una parte, la contención del crecimiento de las universidades públicas, al mismo tiempo que se propiciaba la proliferación de instituciones particulares y, por otra parte, la descalificación de disciplinas académicas no utilitarias, sobre todo de las humanidades y las artes, de las ciencias sociales e, incluso, las del ámbito científico, cuando son necesarias para un desarrollo integral del país.
Al respecto, las tendencias a la privatización de la educación superior, impulsadas por los organismos internacionales de carácter económico, han suscitado reacciones intensas de las instituciones de educación superior de diversas partes del mundo que rechazan considerar la educación superior como mercancía y enfatizan que se debe considerar un bien público.
En ese sentido, la funcionaria Nicolaita aseguró que es difícil concebir una autonomía real mientras las universidades no tengan la seguridad de contar con los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento. “Es imprescindible garantizarlo y llegar a un punto en el que por ley se les asigne un presupuesto básico, suficiente para posibilitar su trabajo, que no esté sujeto a aspectos coyunturales que generan incertidumbre”.
Incluso, dijo, debe considerarse en esa ley la posibilidad, contemplada en el artículo 74 de la Constitución para proyectos de inversión en infraestructura, de contar con presupuestos plurianuales, definidos para un periodo de varios años, con el fin de tener una mayor capacidad de actuación y emprender proyectos de mediano y largo plazos. “Solamente con la certeza en la disponibilidad de los recursos económicos necesarios, estará completa la autonomía que garantiza el artículo tercero de la Constitución”.
Empero, apuntó, la autonomía también implica responsabilidades con la sociedad y con el propio Estado, entre ellas la transparencia y escrupulosa rendición de cuentas de los recursos económicos.
• El caso de la Ley General de Salud.
Por otra parte, Rosa María de la Torre Torres señaló que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se prepara para su defensa jurídica a través de un amparo, ante la flagrante violación a la autonomía universitaria en el decreto publicado el 1º de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, que reforma la Ley General de Salud, en el cual se establece que la Dirección de Profesiones “para la expedición de cédula de médico especialista las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas”, lo que sujeta a una autoridad educativa a una asociación civil y niega la facultad de autogobierno y la facultad de autonormación universitaria para determinar sus planes y programas de estudio.
Asimismo, en su disertación, De la Torre refirió que resulta un contrasentido que un ente privado, habilitado como organismo auxiliar de la administración pública federal, se constituya en un ente fiscalizador de las instituciones de educación superior, cuando es el propio Estado el que lo crea y faculta para formar profesionistas y especialistas y para expedir títulos, diplomas y grados académicos válidos en toda la República, conforme lo previsto en el artículo 60 de la Ley General de Educación.
Indicó que la defensa jurídica de la autonomía que la UMSNH prepara no sólo lo será para la casa de Hidalgo, sino que se busca a través de una resolución federal conseguir la tutela constitucional para todas las instituciones hermanas.
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Georgina Morales Gutiérrez
Coordinadora de Prensa
UMSNH
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